Desde el 1º de enero de 1999, según lo dispuesto en el Título I, Capítulo III, de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999, el Estado español asumió totalmente la financiación de la asistencia sanitaria, suprimiéndose la aportación de cotizaciones sociales y produciéndose la “desvinculación total de la Sanidad y la Seguridad Social”.
A partir de dicha fecha la Sanidad se financia íntegramente con impuestos generales que salen del bolsillo de todos los ciudadanos que residen y pagan impuestos, directos e indirectos, en España.
El art. 1 de la Ley General de Sanidad, Ley 14/1986, de 25 de abril, establece el derecho a la salud y a la atención sanitaria en base el concepto de ciudadano y no de afiliación y alta al Sistema de Seguridad Social, determinando que “son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y extranjeros que tengan establecida su residencia en territorio nacional.”
Con la salida de la Asistencia Sanitaria del Sistema de Seguridad Social en 1.999, ya no se cotiza a la Seguridad Social por la prestación sanitaria por contingencias generales (enfermedad común o accidente no laboral), pero la Seguridad Social sigue enviando cuotas para sostener el Sistema Sanitario, por lo que opta por incluir la asistencia sanitaria en la acción protectora de la Seguridad Social, pero sin regularla como prestación del mismo.
Como la Administración estatal de la Seguridad Social reconoce el derecho a la asistencia sanitaria, se siguen aplicando para dicho reconocimiento las mismas viejas normas reglamentarias, fundamentalmente el Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, e interpretaciones y resoluciones varias, sin tener en cuenta la modificación que había sufrido el Capítulo IV de la LGSS de 1974, y, por tanto, se sigue exigiendo ser afiliado y en alta al Sistema de Seguridad Social o beneficiario de un afiliado y en alta para reconocer el derecho a la atención sanitaria.
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EN LA COMUNIDAD GALLEGA
El sindicato CIG ha denunciado que desde el pasado mes de septiembre la Xunta bloquea la tarjeta sanitaria de una persona en paro que lleve un año inactiva, sin ningún aviso. Los ciudadanos se enteran de que no tienen servicio sanitario cuando llegan al médico. A partir de ese momento se les comunica que tienen que realizar trámites para volver a tener la tarjeta que pueden durar más de medio año. Durante ese tiempo, no serán atendidos por el médico de cabecera y tienen que pagar sus medicamentos, según la denuncia del sindicato nacionalista que ha aportado sus propios argumentos.
Podréis obtener más información oyendo, incluso las quejas de algunos pacientes, y sindicalistas haciendo clic aquí
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El gobierno de feijoo ya ha establecido las tarifas sobre el coopago sanitario
E.N.G, vecina de A Coruña, lleva más de tres años en paro, pero nunca imaginó que se quedaría sin cobertura sanitaria sin previo aviso del Sergas (el servicio gallego de salud). Hace casi dos meses que se paga sus medicamentos y este jueves, para vacunarse contra la gripe, ya no se pasó por el centro de salud, fue directamente a la farmacia. “Tuve que comprar yo la vacuna. En la farmacia llamaron a un practicante para que me la pusiera, aunque no me quiso cobrar”, cuenta. Esta mujer de 61 años, enferma crónica, cumple la condición que reseñan todos los pacientes parados que estos días descubren que su tarjeta sanitaria está desactivada: ha agotado su prestación por desempleo hace más de 12 meses.
No tiene derecho a consulta con su médico de cabecera y si durante los dos o tres meses que tardará el Sergas en tramitarle una tarjeta PSR (para personas sin recursos) tiene que acudir a urgencias, deberá firmar un compromiso de pago.
Aunque la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, ha repetido hasta la saciedad que solo los extranjeros que no acrediten derecho a asistencia estarán obligados a firmar dicho documento, la información que E.N.G recibe de los portavoces del Sergas encargados de sus trámites dice todo lo contrario. “A mí lo que me dijeron es que por urgencias —la única asistencia a la que sigue teniendo derecho— me van a cobrar, que tengo que cubrir un compromiso de pago”, relata.
EN LA REGIÓN DE MURCIA
¡¡Ahora Murcia!! ¿¿Qué comunidad será la siguiente??
La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, denunció que el Servicio Murciano de Salud SMS está incumpliendo las leyes de Sanidad al negar la asistencia sanitaria a parados sin cobertura de desempleo y extranjeros.
Rosique explicó que en algunos centros de salud de la Región, por orden del SMS, se está negando la asistencia sanitaria, tanto a los parados nacionales o inmigrantes que han agotado las prestaciones por desempleo, así como a inmigrantes sin permiso de residencia que carecen de recursos.
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"No puedo ir al oncólogo porque me han dado de baja"
EN CASTILLA Y LEÓN
"No puedo ir al oncólogo porque me han dado de baja"
María S., una desempleada de 54 años, no se lo podía creer cuando, a principios de este mes, se enteró en su centro de salud del casco viejo de Cartagena de que le habían dado de baja su tarjeta sanitaria y, por tanto, tanto ella como su hija de 19 años se han quedado sin cobertura sanitaria pública, salvo que acuda a un servicio de urgencias hospitalarias.
En su caso, esta traba legal que los gobiernos autónomos de Murcia y Galicia están poniendo estas últimas semanas a los parados de larga duración y extranjeros sin recursos para recibir asistencia podría tener consecuencias inmediatas en su salud.
María superó hace un año una operación para extirparle "un principio de cáncer de colon" y este mes ya no podrá ir a la revisión que le corresponde: "Tenía que ir a revisión con el oncólogo a principios de noviembre y no lo he podido hacer; y mi hija, que tiene consulta en diciembre por un problema de tiroides, tampoco podrá ir", se lamentaba ayer. "Me dijeron en el centro de salud que estaba dada de baja, junto con mi hija, y que me diera de alta con un familiar o fuera a la Seguridad Social para tramitar una tarjeta como persona sin recursos".
En su caso, esta traba legal que los gobiernos autónomos de Murcia y Galicia están poniendo estas últimas semanas a los parados de larga duración y extranjeros sin recursos para recibir asistencia podría tener consecuencias inmediatas en su salud.
María superó hace un año una operación para extirparle "un principio de cáncer de colon" y este mes ya no podrá ir a la revisión que le corresponde: "Tenía que ir a revisión con el oncólogo a principios de noviembre y no lo he podido hacer; y mi hija, que tiene consulta en diciembre por un problema de tiroides, tampoco podrá ir", se lamentaba ayer. "Me dijeron en el centro de salud que estaba dada de baja, junto con mi hija, y que me diera de alta con un familiar o fuera a la Seguridad Social para tramitar una tarjeta como persona sin recursos".
En Castilla y León desactivan la tarjeta sanitaria a los parados y ni periodistas, sindicalistas ni políticos hacen ni dicen nada sobre el asunto.
Cuando empezaron a aparecer noticias en la prensa sobre que en Galicia, Murcia… estaban desactivando las tarjetas sanitarias a los parados, nos hemos preguntado en reiteradas ocasiones por qué se publican este tipo de noticias en esas Comunidades Autónomas y no las mimas noticias de otras Comunidades Autónomas que también lo hacen.
¿Quizás los habitantes de otras Comunidades somos habitantes de tercera categoría? ¿quizás los periodistas de las otras Comunidades reciben prebendas para que no abran la boca? ¿quizás es culpa de los sindicatos del sector?
Queremos que todos sepáis, que por las informaciones que han llegado a nuestra plataforma, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, lo llevan haciendo muchos meses, nos atreveríamos a decir que mucho antes que las otras comunidades o al menos mucho antes de que la prensa si hiciera eco de que en Galicia y Murcia desactivan la tarjeta sanitaria de los parados.
¡Los periodistas no hacen nada!, ni una sola reseña en ningún medio de comunicación.
¿Por qué los sindicatos no hacen nada? ni una sola advertencia sobre este atropello que se está cometiendo con la Ley de 1986 que establece que la Sanidad en España es universal para todos los ciudadanos españoles y extranjeros que tengan establecida su residencia en España.
¿Por qué los grupos políticos de esta Comunidad Autónoma no han advertido de lo que está sucediendo?
ADVERTIMOS A LOS SINDICATOS Y A LOS POLÍTICOS DE QUE: SI LAS INFORMACIONES QUE HAN LLEGADO A NUESTRA PLATAFORMA SON CIERTAS Y SIGUEN SIN HACER NADA LOS ACUSAREMOS DE DEJACIÓN O CONNIVENCIA.
¡¡Compártelo que se entere todo el mundo!!
